Confirmación de Mitchel Cartes como intendente: El desafío de Tarapacá

Hugo Gutiérrez Gálvez, Diputado de la República por la Región de Tarapacá

La designación de una persona sobre la que existen legítimas dudas acerca de su probidad, es un problema que va más allá del cuestionamiento particular o la disputa personal, requiere una reflexión más profunda, que enfrente la raíz del problema: la necesidad de un país más democrático y descentralizado, donde sean los ciudadanos los que tengan la primera y última palabra sobre las autoridades que les regirán y las políticas que se aplicarán. Todo lo cual adquiere especial importancia en Tarapacá, una región que debe superar la imposición de un modelo político y económico en crisis. Una crisis tanto de legitimidad, como de sustentabilidad social y ambiental. Nuestro desafío es construir un mejor Tarapacá para nuestros hijos, una tarea que sólo se concretará en la medida en que una ciudadanía activa lo impulse.

Luego de presentar mis inquietudes por la designación de la máxima autoridad regional y tras entregar los antecedentes tanto a la opinión pública, como a las autoridades del futuro gobierno, decidí guardar silencio para dejar que los procesos de toma de decisiones en Nueva Mayoría siguieran su curso. Finalmente se decidió mantener la cuestionada nominación y lo respeté. Sin embargo y tras una serie de emplazamientos destemplados, críticas injustas y un afán deliberado por desinformar a la población acerca de las verdaderas razones de mis cuestionamientos, me he visto en la obligación de aclarar lo siguiente:

1 La presidenta electa Michelle Bachelet, tomó la decisión de reafirmar la designación de Mitchel Cartes como intendente de Tarapacá, a pesar de las dudas que existen sobre su ética pública, dada la existencia de tres sumarios en su contra y una investigación en desarrollo por parte de la Fiscalía. Una decisión que se enmarca en sus atribuciones exclusivas y que no corresponde más que aceptar y respetar. Cabe aclarar sin embargo, que esta nominación en ningún caso le absuelve de los graves cargos que pesan en su contra, será la judicatura y demás organismos encargados para estos fines, los destinados a establecer su responsabilidad. Asimismo, cabe puntualizar que se mantiene inalterable mi compromiso con la población de Tarapacá, con el programa de Nueva Mayoría y con el gobierno, de seguir siendo un ojo vigilante frente al flagelo de la corrupción, que tanto daño a provocado a nuestra gente.

2 Mi posición en este conflicto fue simple y clara: cualquier persona que ocupe un cargo de responsabilidad política en la región -lo que supone administrar cuantiosos recursos de todos los chilenos- debe tener una hoja de vida intachable en cuanto a probidad; el problema es que sobre la persona designada como máxima autoridad, existen antecedentes objetivos -los sumarios- que obligaban un llamado de atención, y yo lo hice. Una postura que debatí de cara la ciudadanía y que finalmente no fue respaldada por el futuro gobierno central. A pesar de esto, no considero que esta lucha haya sido en vano. Fue un paso atrás que sin embargo abrió las puertas para un nuevo y mejor futuro. Quedó instalada la necesidad de la transparencia, la probidad y la participación ciudadana, que fue la sustancia de nuestro alegato. Asimismo, dejó claro que el escenario político en Chile y la región cambió, y que muchos que históricamente han visto en el Estado un botín para su camarilla, ya no podrán operar impunemente. Fue una victoria para la democracia.

La necesidad de Democracia y Autonomía

3 Este episodio es sólo la punta del iceberg, ilustra un problema mucho más profundo: la falta de democracia y autonomía de los gobiernos regionales. Herederos de un modelo de Estado autoritario y conservador, el Chile centralizado y unitario decimonónico es uno de los grandes lastres para nuestro desarrollo. La promesa de Nueva Mayoría es avanzar en la descentralización y en la elección directa de todas las autoridades, será el desafío de los pueblos de Tarapacá bregar para que esto se cumpla. Quien gobierne Tarapacá tiene que deberse ante todo a sus ciudadanos y responder ante ellos por su gestión. Si la elección del intendente hubiese sido fruto de la voluntad popular, tras un proceso de debate abierto, con propuestas de desarrollo regional, con un currículum conocido de antemano por todos, este conflicto nunca hubiera existido.

4 Este alegato no sólo tiene que ver con salvaguardar el principio de la legitimidad democrática, es también la mejor manera de enfrentar y superar los problemas de Tarapacá. Quién mejor que aquellos que viven en un territorio, están en condiciones de resolver sus propios problemas; definiendo tanto las políticas más adecuadas, como las personas idóneas para llevarlas a cabo. De ahí la necesidad no sólo de elegir democráticamente a todas las autoridades, éstas deben contar con las suficientes atribuciones y la capacidad presupuestaria necesaria para efectivamente construir política pública desde la región y para la región. Una lección que hace ya tiempo aprendió y aplican los países más desarrollados, y como muestra un botón: Chile es el único país de la OCDE en donde las autoridades regionales son designadas desde la capital.

Construir un Modelo de Desarrollo, productivo, social y ambientalmente sustentable

5 El modelo de sociedad impuesto desde las élites centrales en Tarapacá vive una doble crisis: de legitimidad democrática y de proyecto productivo. El primero, que ya abordamos, se enfrenta en primer término poniendo a la ciudadanía como efectiva fuente de soberanía, apuntando a su expresión como actor y no como mero espectador de la política. Esto supone múltiples elementos, la democracia no puede reducirse al sólo acto de votar cada cuatro años, se debe avanzar también hacia un modelo de delegación relativa de soberanía, donde la población nunca pierde totalmente el control de la política y sus autoridades, siendo un ejemplo interesante el mecanismo de revocabilidad del mandato o las iniciativas populares de ley, experiencias que ya se vienen aplicando exitosamente en varios países.

6 Por otra parte, el modelo de crecimiento -que no es de desarrollo- impuesto desde las élites centrales a Tarapacá, se enfrenta al fantasma de su propio colapso. La implantación de una industria minera a gran escala, unida a escasas o nulas políticas de control y fiscalización, ha tenido desastrosos resultados ambientales y sociales, siendo la crítica situación del agua en la región, su expresión más dramática. Esto se une a un progresivo declive de este sector económico, marcado tanto por los mayores costos de producción, dada la caída en la ley del mineral; como por la baja de los precios internacionales del cobre, dada la menor demanda estructural de la economía china. Esto ofrece una oportunidad única, en la que existen condiciones objetivas para debatir como comunidad, cuáles debieran ser las características de un nuevo modelo de desarrollo para Tarapacá.

7 En chino mandarín la palabra «crisis» se escribe uniendo los ideogramas de «peligro» y «oportunidad». Y ese parece ser el escenario del Chile actual: la profunda crisis de legitimidad del modelo político y económico impuesto en dictadura, obliga a la realización de cambios. La oportunidad es que efectivamente se avance en transformaciones estructurales que apunten a mayor soberanía política y económica; mientras que el peligro es que esta marea social y cultural transformadora, termine siendo canalizada por los mismos privilegiados de siempre, usando el viejo arte del gatopardismo: hacer como que algo cambie, para que nada cambie realmente. El que la situación se incline de un lado u otro,  dependerá de la correlación de fuerzas entre los exponentes del «Antiguo Régimen», y quienes estamos por avanzar hacia un modelo de sociedad más democrática, justa y desarrollada. Por lo tanto, avanzar hacia un mejor futuro no sólo es la esperanza para los pueblos de Tarapacá, es también su responsabilidad y desafío.