Presentan en Comisión de Educación proyecto de modernización institucional del Consejo de Monumentos Nacionales

Prensa Cámara de Diputados/ La normativa considera una reorganización de la estructura vigente, incorporando Consejos Regionales destinados a desconcentrar las decisiones. Además, se modifican procedimientos; se extiende la exención del impuesto territorial a todos los Monumentos Históricos, sin importar si estos presentan un fin comercial; y se redefine la categoría de «zona típica o pintoresca», la cual pasará a denominarse como «zonas de valor patrimonial cultural».

 Dando cuenta de un conjunto de debilidades de la normativa vigente sobre Monumentos Nacionales, el Ejecutivo ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley (boletín 9237) que moderniza dicha institucionalidad y que comenzó su trámite efectivo tras ser presentado la semana pasada ante la Comisión de Educación de la Cámara.

La presentación de la propuesta legal, que modifica la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, estuvo a cargo de la vicepresidenta ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales, Magdalena Krebs, quien destacó que el cuerpo central de la normativa no ha sido modificado en 40 años, salvo algunos perfeccionamientos.

Recaló que hoy el organismo presenta una carga de trabajo muy alta, que no se condice con el personal asignado, ni con la estructura elaborada para su funcionamiento. Además, criticó que las decisiones están centralizadas y acusó que la actual normativa no releva el tema patrimonial, pese a la importancia que éste ha alcanzado en el último tiempo.

En la misma línea, el texto del mensaje sostiene que al Consejo se le asignan una serie de funciones que no puede cumplir de manera oportuna y eficiente, al no contar con una estructura que le permita responder a la gran demanda ciudadana que existe sobre la materia. Se indica que, desde la dictación de la Ley 17.288m en 1970, aumentó considerablemente el número de bienes protegidos y su naturaleza, contándose en la actualidad, tras 88 años de existencia del Consejo, con más de 1.200 bienes de la más diversa índole, declarados monumento nacional, además de aquellos que detentan este carácter por el solo ministerio de la ley y que se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional.

Asimismo, se reconoce falta de incentivos para la conservación, tenencia y declaración de monumentos nacionales y pone de relieve la necesidad de modificar algunos conceptos claves de las categorías de Monumentos Nacionales.

Magdalena Krebs dijo que el proyecto recoge los principales temas que deben ser modificados, como por ejemplo, la carencia de un cuerpo orgánico que acompañe el quehacer del Consejo y que de cuenta de las diversas realidades regionales y de la importancia del tema patrimonial.

Informó que la iniciativa reorganiza el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, siendo uno de las principales avances la desconcentración de las decisiones entre la instancia nacional, la Secretaría Ejecutiva y los nuevos Consejos Regionales, los cuales tendrán siete integrantes cada uno, de carácter principalmente técnico.

Explicó que estas nuevas instancias, en las cuales participará la sociedad civil a través de peritos, tendrán como función principal autorizar las intervenciones en inmuebles declarados Monumento Histórico o que se encuentren dentro de una zona de valor patrimonial cultural. Asimismo se establece que serán estos consejos los encargados de conceder los permisos o autorizaciones para excavaciones de carácter histórico, arqueológico, antropológico o paleontológico dentro de su región, entre otras labores.

El Consejo Nacional, que mantendrá entres sus funciones las declaratorias de Monumentos Nacionales, las desafectaciones y las autorizaciones de demolición de estos, reducirá de 21 a 12 el número de consejeros, pero manteniendo el período de tres años para aquellos consejeros que no lo sean por derecho propio. Presidirá el organismo el Director de Bibliotecas, Archivos y Museos, mientras no se apruebe la nueva institucionalidad cultural en discusión en el Congreso, ya que una vez aprobada dicha nueva regulación, será el Director de la Dirección del Patrimonio Cultural.

Asimismo, se incorpora una dieta para aquellos miembros que no sean funcionarios públicos, situación que se replica en los Consejos Regionales.

Otros Cambios

Ante la Comisión que preside la diputada María José Hoffmann (UDI), la ejecutiva comunicó que el proyecto también extiende la exención del impuesto territorial, que hoy existe respecto de los Monumentos Históricos que no tienen fines comerciales, a todos los bienes declarados en dicha categoría, tengan o no fines comerciales.

Otro cambio apunta a la figura de protección territorial definida hoy “zonas típicas o pintorescas”, que pasarán a denominarse como “zonas de valor patrimonial cultural”. La idea de esta modificación, según se explicó, es definir explícitamente el alcance de lo que se está protegiendo en virtud del tipo de interés social del inmueble y su entorno.

Adicionalmente, se fijó la obligación para el Consejo de Monumentos Nacionales de informar a los Conservadores de Bienes Raíces respectivos, las declaratorias de Monumento Histórico y de Zonas de Valor Patrimonial Cultural, con el objeto que se anote dicha calidad al margen de las inscripciones de dominio, así como en el Registro de Hipotecas y Gravámenes.

También se faculta al Consejo para instruir a las Direcciones de Obras Municipales la suspensión, por un plazo no mayor a noventa días, del otorgamiento de permisos de edificación y de obra menor, cuando haya sido admitida a trámite una solicitud de declaratoria de monumento nacional, cuya integridad pueda verse amenazada de no mediar tal suspensión.

El proyecto, además, traslada a los juzgados de policía local la competencia para conocer de las infracciones a la ley y aplicar las multas que esta establece, las cuales irán en beneficio de la municipalidad del lugar donde se hubiere cometido la infracción; y se traslada el Registro de Museos y las disposiciones referidas a los canjes y préstamos entre ellos, a la ley que regula a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

La normativa continuará siendo analizada en la Comisión en marzo, a la vuelta del receso legislativo.