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Haroldo Quinteros Bugueño/ Profesor universitario. Doctor en Educación Hamlet, el príncipe danés, el más importante de los personajes de Shakespeare, decía que la “tardanza de... Justicia, por fin…

foto-haroldo  cometarioHaroldo Quinteros Bugueño/ Profesor universitario. Doctor en Educación

Hamlet, el príncipe danés, el más importante de los personajes de Shakespeare, decía que la “tardanza de la justicia” (“The Law’s delay”) era una de las razones de por qué Dinamarca olía a corrupción. Aunque ese mismo tufo de ausencia de justicia hedía en Chile desde hace cuatro décadas, una tempranera brisa de primavera, hoy viene a limpiar los aires del país y, particularmente, de nuestra región.

Por ahora, se trata de algunos crímenes perpetrados por oficiales y sub-oficiales de las FFAA luego del golpe de Estado de 1973, en la cárcel y en el campo de concentración de prisioneros políticos de Pisagua. Siete integrantes del Ejército de Chile, que dejaron de ser soldados para transformarse en carceleros de ciudadanos chilenos, acaban de ser formalmente acusados por el Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, por los delitos de homicidio y secuestro calificado de once ejecutados políticos de Iquique.

De acuerdo a la carátula de la querella, el ministro Carroza seguirá investigando y levantando acusaciones, en orden cronológico, de acuerdo a cómo fueron ocurriendo los asesinatos, tanto en Iquique como en Pisagua.  En Chile, apenas se habla de hacer justicia sobre la barbarie que advino con el golpe, los más acérrimos partidarios y, a la vez, beneficiarios inmediatos de la dictadura, invocarán su vieja monserga de “no seguir anclados al pasado”, “mirar el futuro y olvidar,” etc.

Será una payasada más, porque esta vez, es la Justicia la que oficialmente les viene a recordar que los delitos de lesa humanidad (los que comete un Estado) no tienen pasado sino sólo presente, y por esa razón son imprescriptibles e inexcarcelables. Las acusaciones corresponden al asesinato por “Ley Fuga” de Juan Calderón, Marcelo Guzmán,  Luis Lizardi, Michel Nash (el joven conscripto de 19 años que se negó a cumplir la orden de disparar contra civiles luego del golpe), Nolberto Cañas (dirigente socialista y gerente de las industrias pesqueras del Estado) y Juan Jiménez, suboficial de la Marina de Chile, (acusado del mismo “delito” de Nash); y los fusilamientos, luego de “consejos de guerra,” del abogado Julio Cabezas, el funcionario de aduanas Mario Morris, el funcionario de gobierno Juan Valencia, el profesor Humberto Lizardi y el jefe de la empresa estatal portuaria de entonces, Julio Córdova.

Los acusados son los militares Sergio Benavides,  Roberto Ampuero, Arturo Contador, Sergio Figueroa,  Gabriel Guerrero, Manuel Vega y Miguel Aguirre.

El juez Carroza ha dado por acreditados la falsedad, la mentira premeditada y el montaje con que los acusados y, por extensión, las propias FFAA, cubrieron estos crímenes. Primero, los asesinados por Ley Fuga fueron sacados de sus celdas en la cárcel de Pisagua en forma selectiva por oficiales a cargo de su custodia, con el pretexto que se requerían “voluntarios” para realizar trabajos fuera del recinto carcelario. Carroza ha concluido que nunca existió tal trabajo voluntario, y que los prisioneros fueron llevados fuera del penal para ser ejecutados por la misma patrulla que los sacó de sus celdas, dirigida por el capitán Sergio Benavides.

Benavides declaró que él mismo ordenó el entierro de los cadáveres en un lugar asignado para ello, vecino al cementerio de Pisagua. Por lo tanto, la declaración oficial militar que señalaba que los prisioneros intentaron la fuga, no fue más una mentira. Agrava el crimen, el hecho que hasta la fecha, los cadáveres de  Nash, Cañas y Jiménez siguen desaparecidos. En cuanto a Cabezas, Lizardi Flores, Córdova, Morris y Valencia, el parte militar de entonces señala que los detenidos fueron ejecutados por aplicación de una sentencia dictada en el marco de un Consejo de Guerra, por estar confesos y ser autores de los delitos de traición a la Patria, espionaje e infracción a la ley de Seguridad del Estado.

Sin embargo, no hubo confesiones, sino falsas declaraciones obtenidas bajo tortura, y las audiencias militares, según Carroza, no se realizaron, en absoluto, de acuerdo a derecho. Vale aquí la pena referirse al honor militar, el fin ético supremo de un hombre de armas. ElComandante en Jefe de la VI División de Ejército (cuyo asiento es Iquique), el general Juan Carlos Núñez, en ocasión del Juramento a la Bandera de este año, dijo: “Nuestros jóvenes tienen que decidir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo debido y lo indebido.”

Pues bien, si los militares juran ante Dios y la Bandera obedecer a sus superiores, un militar de honor debe negarse a obedecer a superiores que no son más que asesinos, y que, además, han desobedecido y traicionado a su superior inmediato, el Presidente de la República. Entonces, jurar a la Bandera es, obviamente, jurar por elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Michel Nash y Juan Jiménez  en Pisagua, al igual que los generales Bachelet y Prats, eligieron correctamente. Por ello, y como militares de honor que eran, fueron asesinados.