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Rafael Montes González, Presidente de la Cámara de Comercio de Iquique Los últimos acontecimientos delincuenciales no sólo afectan a nuestro sector, sino a toda la... La delincuencia no para

RAFAEL MONTESRafael Montes González, Presidente de la Cámara de Comercio de Iquique

Los últimos acontecimientos delincuenciales no sólo afectan a nuestro sector, sino a toda la comunidad. En todo lo que podamos colaborar los privados, bienvenido sea, pero la responsabilidad primera es del Estado y de aquellas instituciones cuyo único fin es resguardar la vida de las personas y la integridad de sus bienes. Eso debe quedar muy claro porque hay responsabilidades que afrontar.

Recordemos el crimen del que fue víctima el empresario Labarthe, quien fue asesinado de un tiro a quemarropa. Hechos como ese no pueden seguir ocurriendo en nuestra comuna.

Ese repudiable hecho debe llamarnos a una profunda reflexión. La delincuencia no cede y  debemos ponerle atajo. Debemos estar atentos porque la perpetración de delitos graves deja al descubierto «fallas de protección». Es por eso que la responsabilidad debe ser compartida, puesto que, por ejemplo, en los malls debe haber vigilancia privada, pero debe ser apoyada por la acción pública, ya que el Estado debe velar por todos los chilenos y no poner en primera línea de responsabilidad de los dueños de tiendas, hoteles, servicentros, residenciales y otros establecimientos permanentemente atacados por los delincuentes, recordemos en Iquique el asalto a la distribuidora Fruna, en el Terminal del Agro.

Las circunstancias vistas dejan en evidencia que estamos frente a un problema de seguridad pública, donde las mayores responsabilidades recaen en el Gobierno, las policías, los parlamentarios y los tribunales.

En todo lo que puedan colaborar los privados, bienvenido sea, pero la responsabilidad primera es del Estado y de aquellas instituciones cuyo único fin es resguardar la vida de las personas y la integridad de sus bienes.

El sector privado gasta unos US$ 2.000 millones anuales en «seguridad», monto que supera los fondos que se destinan a las policías, quienes deben velar porque los ciudadanos puedan desenvolverse sin riesgo de que su integridad física o su propiedad sean violentadas por los delincuentes. Las inversiones hechas por privados quedaron en evidencia en el último estudio de Victimización del Comercio de fines del año pasado, donde un 56% de los consultados afirmó que aumentó sus medidas de seguridad en los últimos seis meses, destacando la instalación de alarmas, rejas exteriores y cámaras de seguridad. La colaboración entre las instituciones del Estado, las personas e instituciones privadas es importante y necesaria en muchos ámbitos, especialmente en éste, pero no puede ser que el gasto privado se siga incrementando a medida que crece el delito. No vamos por buen camino.

Los desembolsos del comercio no agregan productividad y son una carga cada vez más cara que evidentemente se va traspasando a los consumidores, quienes finalmente no solo pagan los impuestos sino que también los costos de la seguridad que corresponden al Estado.

¿Cómo cortamos entonces la cadena delictual? Necesitamos aplicar las más severas sanciones; aumentar las penas; castigar como corresponde la reincidencia; hacer realidad el eslogan de ponerle candado a la puerta giratoria, y terminar con el tratamiento benigno a quienes no trepidan en atentar contra la vida de los demás, sin perjuicio de que el sistema carcelario sea capaz de posibilitar la rehabilitación. En el comercio tenemos la esperanza de que el proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Parlamento, para perfeccionar el sistema procesal penal tenga como resultado que, por fin, sin perjuicio de que los delincuentes tengan un juicio justo, las garantías estén del lado de las víctimas y no de los victimarios