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The Clinic/ La imagen de un país donde las instituciones aún tenían algún grado de credibilidad, se cayó estrepitosamente, dejando a su paso la... 2012: el año donde la corrupción se robó la agenda noticiosa

The Clinic/ La imagen de un país donde las instituciones aún tenían algún grado de credibilidad, se cayó estrepitosamente, dejando a su paso la huella de una Tangentópolis (la ciudad de los sobornos) escondida en los extramuros de la institucionalidad. Nadie se salvó de estar en el ojo de la justicia; ni el sistema educativo, los pacos, los ratis, las familias de alcurnia, la iglesia y los empresarios. De esta manera, este año que se va, dejó algo claro: la corrupción llegó para quedarse. Y 2013 pinta para lo mismo, en medio de la campaña presidencial.

El 2012 será recordado como el año de la corrupción y sin duda por el caso más reciente: la investigación por lavado de dinero, cohecho y soborno que lleva la Fiscalía Oriente en las acreditaciones truchas de algunas universidades privadas.

Este caso ha sido, entre muchos otros, el con mayor relevancia pública, debido a la cantidad de personas afectadas, por ejemplo, por la Universidad del Mar, cuyas sociedades de fachada absorbían los dineros de los Créditos con Aval del Estado y los maquillaban a través de las empresas relacionadas para embolsárselo. Más de mil alumnos han debido ser reubicados luego que autorización de funcionamiento fuera revocada por el Ministerio de Educación.

Pero la Universidad del Mar, este año, fue sólo la punta de un iceberg de una corrupción que recién comienza a develarse en la indagatoria del fiscal Carlos Gajardo. Este último no sólo acreditó que el ex consejero de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz lavó dinero de asesorías que encubrían sobornos, sino también que el controlador de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén y el ex rector de la UDM, Héctor Zúñiga hicieron lo propio. Los tres se hallan en prisión preventiva.

Por ahora, Díaz, Maulén y Zúñiga son los únicos imputados, aunque la cifra podría aumentar ya que Gajardo también indaga a las universidades SEK, Santo Tomás, Bernardo O’Higgins, entre otras por los mismos hechos. A lo anterior se suma otra arista, la del lucro en las “úes”, donde el fiscal realizó una diligencia que sorprendió a muchos: desde el 16 de junio de 2005, año en que comenzó a la operar la reforma procesal, las universidades privadas deben entregar toda la información comercial de los pagos con las sociedades relacionadas.

En esta “cuerda separada” -como se le conocía en al antiguo sistema penal a los casos que emanan de una misma hebra- están siendo investigadas las úes del Desarrollo, del Mar, Las Américas, SEK, Santo Tomás, la de Viña del Mar y el grupo Laureate una multinacional de la educación con inversiones en varios planteles privados.

Al respecto, hace algunos meses muchos pensaron que la investigación de la fiscalía por el lucro era sólo un saludo a la bandera. Sin embargo, la figura del fraude al fisco comienza a cernirse sobre las casas de estudio, porque Gajardo busca saber qué hicieron estas universidades con los dineros que recibieron con el Crédito con Aval del Estado (CAE), activos que debieron ser reinvertidos, porque las universidades debieran ser sociedades “sin fines de lucro”. Si no fueron usados en infraestructura y en el mejoramiento de la calidad de la educación, entonces es delito.

El fiscal Gajardo, en una audiencia reciente para discutir la prisión preventiva de Maulén fue preciso: “(…) ante la gravedad de estos hechos y entendiendo que la justicia debe ser la misma , este caso de cuello y corbata, nos parece igualmente grave que los delitos de sangre”.

La bomba de tiempo cobró, además, una víctima: el ahora ex ministro de Justicia y dueño de la Universidad Autónoma, Teodoro Ribera, por sus vínculos con Eugenio Díaz.

El clan

El segundo caso importante de este 2012 fue la evasión tributaria de 220 millones de dólares que acreditó el Servicio de Impuestos Internos (SII) por parte del clan Ossandón Larraín, una de esas familias de la alta sociedad chilena, ligada a la élite empresarial, política religiosa y eclesiástica, que se están sacando los ojos en la justicia civil y criminal.

Esta historia tiene de todo. Es como una de esas serie estadounidenses -tipo Falcon Crest o Dallas- donde una familia está peleada a muerte por la herencia del jefe del clan.

En este caso se trata de una lucha entre Manuel Ossandón Larraín con su hermano bernardo, nietos herederos de la fortuna del empresario y político Bernardo Larraín Vial.

En síntesis el tata fisco estableció que la “reorganización tributaria” que hizo la familia, cuyos activos fueron derivados a una sociedad en los paraísos fiscales, debieron haber pagado impuestos por 51 mil millones. Como no lo hicieron, entonces el SII aplicó multas, intereses y reajustes, que en total suman más de 105 mil millones de pesos, cifra muy cercana al presupuesto anual del Ministerio Público, entidad que indaga a Bernardo Ossandón Larraín por estafa y apropiación indebida. Esta investigación se suma a otra del SII por fraude tributario.

La relevancia de esta “liquidación” del SII a los Ossandón Larraín se debe a que se trata de la elusión impositiva más grande de la historia nacional, ejecutada además por una familia que gozaba de prestigio ético y social.

En la línea impositiva también destacó la condonación que hizo el SII a distintas empresas, caso conocido como el perdonazo a Johnson’s que beneficio también al conglomerado de los Luksic.

Sotana hot

Y si desnaturalización de instituciones se trata -y al igual como sucedió en 2011 con el cura condenado por el Vaticano por abusos, Fernando Karadima- este año a la Iglesia chilena sufrió un segundo golpe: Cristián Precht, otrora uno de los curas más vinculados en la lucha contra la dictadura de Pinochet cayó en desgracia por hechos similares.

Su similar, pero de los Legionarios de Cristo, John O’ Reilly está acusado ante el Ministerio Público de abusos sexuales, indagatoria que aún esta pendiente.

El nombre de la ley

Este 2012 también quedará en la retina política y ciudadana, luego que un grupo de neonazis asesinara de manera brutal a Daniel Zamudio en un céntrico parque de Santiago.

Torsión y fractura de huesos, golpiza sin motivo, entre otros detalles escabrosos derivaron en la Ley Zamudio, convirtiendo a este inocente joven en la cara visible de un cuerpo legal que sanciona la discriminación.

Los responsables, todo indica que así será, serán condenados -por la alevosía del crimen- a presidio perpetuo este 2013.

Uniformes sucios

Carabineros e Investigaciones tampoco quedaron fuera este año de la égida de la corrupción pública. Hace unos meses la Fiscalía Occidente descubrió que detectives antinarcóticos cargaban a los vendedores de droga y peor aún les quitaban el dinero y en ocasiones hasta los golpeaban. Pasaron pocos días después de una larga formalización de los efectivos de la PDI, cuando los hombres de verde cayeron en la misma: les robaban la plata a los mismos narcos de los que se aprovechaban los ratis.

Para la fiscalía, en todo caso, no todo fue color de rosa. Muy por el contrario recibió quizás el golpe más duro desde la historia de reforma procesal: la negativa de los tribunales a tipificar como delito terrorista en el llamado caso bombas, donde además los acusados fueron absueltos de su participación en distintas calidades. Y, peor aún, le aplicaron las costas más altas desde la existencia del nuevo sistema de persecución criminal: 1 millón de dólares, cuya confirmación está en manos de la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema.

Por la boca muere el pez

El vínculo entre leyes ambientales y política esta año tuvo también su punto álgido, luego que la Tercera Sala (Constitucional) presidida por el ministro Sergio Muñoz, resolviera revocar autorización de la Central Castilla, ícono en la lucha contra la contaminación.

El fallo golpeó a La Moneda, que envió a la ministra del ramo, María Ignacia Benítez, para que sacara la voz y criticara la resolución.

La funcionaria, una abogada dedicada a los mismos temas en el ámbito privado en favor de las empresas, sin embargo, metió la pata. Trató a los supremos como sujetos carentes de inteligencia jurídica sobre materias medioambientales.

Los ministros del tercer poder del Estado se enchucharon. Así de simple. A través de un comunicado calificaron como “inaceptable” los dichos de la secretaria de gobierno y acusaron intervención en la independencia de la judicatura.

Lo que viene este 2013 ya es, en parte, previsible con algunos de estos casos. La indagatoria de la CNA es posible que sume nuevos imputados y se develen las maniobras criminales de algunas de las universidades privadas.

Los Ossandón Larraín, en tanto, serán citados en enero por la fiscalía y, suma y sigue, la agenda podría ser controlada, en plena campaña presidencial, por la revelación de más hechos de corrupción. En suma, este año que se va, Chile se convirtió, como le llaman los italianos, en la Tangentópolis (la ciudad de los sobornos).