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Juan Pablo Ortuño, Consejero Regional de Tarapacá Este 2012 se avanzó finalmente en la democratización de los Consejos Regionales. El próximo año, por primera vez,... Intendentes… ¿A quién responden?

Juan Pablo Ortuño, Consejero Regional de Tarapacá

Este 2012 se avanzó finalmente en la democratización de los Consejos Regionales. El próximo año, por primera vez, todas la regiones tendrán la posibilidad de elegir a sus Cores, es una buena noticia pero del todo insuficiente, y por cierto, no representa ningún avance en descentralización.

Lo verdaderamente relevante es democratizar los Gobiernos Regionales y no sólo los Consejos Regionales. Esto implica la elección del Intendente (o presidente del consejo regional) por votación directa, democrática, con la participación de todos los habitantes de cada región.

Cabe preguntarse: ¿A quién responde un intendente en Chile?¿A la región a la que sirve o la persona que lo designó?

En la gran mayoría de los países del mundo las autoridades regionales son elegidas en las urnas. Los ciudadanos eligen a sus autoridades regionales en base a un programa de acción y por un período fijo. Eso permite planificar la gestión, otorga legitimidad democrática y exige rendir cuentas a la ciudadanía.

Nada de eso ocurre en Chile. Aquí, los intendentes son delegados del Presidente en las regiones, duran en sus cargos lo que el Mandatario estime conveniente, nuestra región es el mejor ejemplo de esto último: un gobierno pasado cambió cuatro veces de intendente. Una gestión profesional y eficiente es, en esas condiciones, imposible.

La actual situación, con elección democrática y universal sólo de cores y no de intendentes, nos obliga a aceptar como “descentralización” cuando un cuerpo regional (llamado Gobierno Regional), presidido por el representante del Presidente de la República (Intendente), logra opinar y decidir sobre una parte de los fondos destinados nacionalmente para financiar proyectos – presentados en exclusiva por el intendente – de una región específica.

Lo anterior no es aceptable, universalmente se considera descentralización cuando un ente de gobierno subnacional, distinto al Estado central (gobiernos regionales, provincias o municipios), de origen democrático y autónomo, con presupuesto propio garantizado por ley y no sujeto al presupuesto nacional, tiene la potestad de resolver sin precondiciones la asignación y movilización de recursos para el desarrollo de su territorio.

El centralismo resulta funcional al control presupuestario del Ministerio de Hacienda y, por cierto, muy cómoda para los presidentes que no han tenido que lidiar con autoridades de otro signo político a nivel regional.

Las regiones quieren asumir responsabilidades sobre su futuro, debatir opciones y estrategias de desarrollo, y optar por ellas en las urnas.

En regiones, la gente pide a los intendentes que combatan el exceso de centralismo, pero eso es mucho pedir para quienes son, en esencia, su viva expresión.
Si Chile se divide políticamente en regiones es porque las regiones importan, y si ellas importan no se advierte por qué confiamos en la democracia para elegir alcaldes, pero no intendentes.

Nuestra región requiere autoridades que cuenten con plazos fijos para realizar su tarea y que rindan cuentas ante sus electores periódicamente. Tarapacá requiere autoridades cuyos mandantes estén en las urnas y no en el Palacio de La Moneda.

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