Rigoberto Sánchez Fuentes, Historiador. Magíster en Relaciones Internacionales
Un grupo de militantes de partidos de la Concertación ha presentado el documento “De cara al futuro” donde revisan y evalúan las transformaciones socioeconómicas realizadas durante los gobiernos de los presidentes Aylwin, Frei, Lagos y Michelle Bachelet, al tiempo que proponen un conjunto de desafíos que deberían enfrentar el estado, la ciudadanía y los actores políticos en los próximos años.
El texto, más allá de su contenido, tiene la virtud de iniciar en la escena pública la discusión del programa de gobierno de la candidatura presidencial de la Concertación, por tanto, puede ser considerado, también, como una invitación y/o provocación cívica para que otros colectivos elaboren y planteen sus propuestas, contribuyendo a gestar las condiciones políticas para un efectivo debate respecto del país que se aspira construir.
En este contexto, quisiera exponer, brevemente, algunos desafíos, concepto utilizado en el documento referido, que estimo relevantes para factibilizar la construcción de una convivencia más igualitaria y sostenible organizada en torno a una renovada relación entre el Estado, la sociedad, el mercado y la naturaleza y expresada en una nueva Constitución Política:
En primer lugar, el desafío laboral orientado a superar el profundo desequilibrio entre el capital y el trabajo, situación que se manifiesta en empleos precarios, bajas remuneraciones, extendida jornada laboral, inseguridad, mal trato, fenómenos que se traducen en un extendido contingente de trabajadores pobres.
El desafío de la naturaleza, dada la fragilidad de los ecosistemas que conforman el territorio nacional, la explotación de dichos ecosistemas por la estructura productiva y los impactos del cambio climático, entre otros procesos, se torna necesario considerar el establecimiento de una nueva relación con el sustrato natural de la patria, que preserve la vida y la biodiversidad en la perspectiva de una economía sustentable.
El desafío de los recursos naturales, se requiere definir un sistema nacional de gestión que defina modelos de explotación sustentables, cualificación científica y laboral, innovación tecnológica, impuestos, aportes financieros a comunas y regiones. Esta gestión debe considerar la capacidad que poseen de los recursos naturales en producción para estructurar los sistemas socioeconómicos regionales, en términos de demandas de trabajo calificado, conocimiento científico, servicios urbanos, encadenamientos productivos, impacto ambiental, fenómenos que deben ser prospectados para garantizar las diversas sustentabilidades que exige el desarrollo.
Desafío de las ciudades, los resultados del Censo 2012 expondrán, una vez más, la concentración urbana de la población chilena, fenómeno que exige, entre otras medidas, fortalecer el municipio para que sus funciones garanticen el ejercicio de derechos y puedan traducir en políticas e inversiones las demandas ciudadanas. La actual superposición de intervenciones del Gobierno Regional, Secretarias Regionales y Servicios Públicos debe ser superada mediante la generación de sistema de gobierno comunal que establezca una relación directa entre las decisiones locales y la voluntad ciudadana.
En quinto lugar el desafío de la gestión ética, el Estado y sus distintas instituciones deben establecer mecanismos que perfeccionen el uso correcto de los recursos y de la información que administran, del buen trato a los usuarios y funcionarios, la trasparencia, rendición de cuentas y el cumplimiento estricto de las leyes. También se debe establecer regulaciones y prohibiciones en el ámbito de la interacción entre la gestión pública, la judicatura, los negocios y la política.
El debate programático se ha iniciado, siendo posible que sus coordenadas establezcan la continuidad en las aspiraciones que forjaron la Concertación, sintetizadas en la feliz expresión de “la patria justa y buena” y la transformación significativa en los objetivos, las políticas y los procedimientos para construirla.