Edición Cero

Cambio21 / Por Pilar Guevara.- Hasta el integrante de la Junta Militar de Gobierno, general Gustavo Leigh reveló que antes de la singular consulta... Testigos confirman fraude en plebiscito del 80. Todo estaba manejado hasta resultado final

Cambio21 / Por Pilar Guevara.- Hasta el integrante de la Junta Militar de Gobierno, general Gustavo Leigh reveló que antes de la singular consulta a la ciudadanía ya le habían dicho por cuánto ganaría la aprobación a la Constitución pinochetista. Un ex agente de la DINA, en un libro señala que fueron miles de agentes de seguridad y funcionarios en todo el país los que votaron varias veces por el «Sí» convocado por Augusto Pinochet en 1980.

A raíz de las declaraciones que dio el ex agente de la DINA, Jorgelino Vergara, en donde reveló que miles de agentes de seguridad y funcionarios votaron varias veces por el «Sí» en el plebiscito convocado por Augusto Pinochet en 1980, saltó a la palestra nuevamente el tema de que la constitución, aún vigente en Chile, ganó gracias a un fraude electoral de graves proporciones.

Las revelaciones del fraude aparecen en el libro «La Danza de los Cuervos» del periodista Javier Rebolledo, que será presentado el 25 de junio. El agente Vergara también conocido como «el mocito», ayudante personal del jefe de la DINA, el ex general Manuel Contreras, acotó además que los responsables de los locales de votación sabían de la maniobra y actuaban para facilitarla en el momento de ejercer el derecho a voto.

Resaltó que no sólo agentes, también funcionarios de gobierno aprovecharon que no existían registros electorales para llevar a cabo el fraude. En ese entonces, sólo se necesitaba el documento de identidad para poder votar.

«Estábamos acuartelados (…) Nos ordenaron que debíamos acudir a diversos municipios de Santiago para votar por el Sí», relató Vergara. Además de él, unos 3.000 agentes de la CNI pasaron el día recorriendo diversos sectores de Santiago, en todos los cuales votaron, con sólo un paréntesis al mediodía para almorzar. Añade que en el recorrido se encontraba con funcionarios de otras reparticiones «que andaban en lo mismo».

Vergara señaló que al parecer los responsables de los locales de votación estaban al tanto de la maniobra, pues en ninguno tuvieron problema alguno y «nadie nos pidió siquiera ponernos en la fila».

Claudio Arriagada, alcalde de La Granja, actuó como coordinador de la oposición a la dictadura de la zona sur durante el plebiscito. En conversación con Cambio21, recordó: «Es lamentable que hayan recurrido a esos medios para mantenerse en el poder. Pero, la historia cambió. Fueron derrotados en el plebiscito del 88 y lo ocurrido en el 80 no pasa a ser una anécdota. Pero que hayan sacrificado vidas humanas, eso sí que no se puede olvidar».

Para el sacerdote y fundador de la Vicaría de la Pastoral Obrera, Alfonso Baeza, «lo que dice el ex DINA es verdad, lamentablemente es lo que tenemos y dentro de eso hay que luchar por cambiar esta Constitución, para crear una base democrática».

En diálogo con Cambio21, agregó que al momento de sufragar en el 80 «uno iba con la conciencia que era mejor ir, que no ir, aunque no había una certeza que el proceso fuera limpio».

De acuerdo con la versión oficial, la Constitución que fue redactada por el asesinado senador de la UDI, Jaime Guzmán, fue aprobada entonces por el 67, 04 por ciento de los votos.

En septiembre de 2005 se promulgó un decreto supremo que modificó parte del documento original y la firma de Augusto Pinochet fue reemplazada por la rúbrica del ex presidente Ricardo Lagos.

Actualmente casi un centenar de agrupaciones sociales agrupadas en el bloque Democracia Chile han llamado a la realización en el país de una Asamblea Constituyente con el fin de cambiar la carta jurídica por otra más democrática e incluyente.

«Todo atado y bien atado»

Era tal la certeza de que la dictadura había cometido fraude en el 80, que hasta el fallecido general Gustavo Leigh -ex comandante en jefe de la FACH y miembro de la Junta de Gobierno hasta 1978- declaró que no había creído en la limpieza del procedimiento.

Según el, jamás se conocerían los verdaderos resultados de ese plebiscito. «No creo qué (La Junta) los sepa jamás. Como tampoco los supimos el 4 de enero de 1978 (una «consulta» anterior). Nunca supimos las cifras reales. ¿Y cómo lo va a saber si tanta gente mete mano en el escrutinio? Los alcaldes, los gobernadores, los intendentes. El 4 de enero hubo gente que delante de mí se vanaglorió de haber llenado todos sus registros a base de votos que no existían».

Estas declaraciones de Leigh fueron publicadas en 1988, en el desaparecido diario opositor a Pinochet «La Época», y luego compiladas en el libro «La historia oculta del régimen militar». Allí se relata además lo que fue la administración trucha de un plebiscito hecho sin registros electorales.

Para votar, bastaba presentar el carnet de identidad, incluso vencido; los presidentes de las mesas fueron designados por los alcaldes, y los dos vocales sorteados también por el alcalde, entre quienes se ofrecieran; los recintos de votación fueron los escogidos por los alcaldes; a cada sufragante se le marcó con tinta indeleble el pulgar derecho… pero por lo visto, no a todos.

Se determinó también que «en los escrutinios, los votos blancos se sumarían al Sí; los jefes de local, designados por la autoridad militar correspondiente, enviaron actas, talones y antecedentes al alcalde; de allí pasaron al gobernador y al intendente». Todo «atado, y bien atado».

Monseñor Alfonso Baeza, quien en ese tiempo formaba parte de la Vicaría de la Solidaridad, comentó que «nos preocupamos de llevar mucha gente a votar en esas elecciones para hacerles ver al régimen que la gente quería y necesitaba un cambio».

«Cómo no había registros electorales, fue evidente que se había producido un fraude, porque no había ningún control como el que existe hoy en día. En esa época incluso la gente pudo haber votado dos veces a favor de Pinochet».

Las irregularidades 

La cifra de los electores en ese plebiscito provocó, desde su conocimiento, enormes sospechas por el elevado número: 6.271.868 que contrastaba con el de 3.661.898 electores que participaron en la última elección del período democrático, en marzo de 1973.

En abril de 1982, se realizó un censo de población que permitió despejar definitivamente las dudas y confirmar las sospechas. Se estableció así que los mayores de 18 años, al 11 de septiembre de 1980, eran 6.668.240 personas, lo que significa que para aprobar la Constitución habría votado el 93,8% de los electores habilitados, cifra ajena a toda tendencia histórica electoral del país.

El general Gustavo Leigh, comentó privadamente a un dirigente de la DC que ya conocía los resultados del plebiscito: había recibido información de amigos que le quedaban en el gobierno según la cual se estaba discutiendo el resultado que debía darse para que resultara creíble: «Al sí le van a poner entre 60 y 65 por ciento, y al No entre 30 y 40», adelantó.

Por parte de la oposición a Pinochet, el trabajo de vigilar los escrutinios quedó en manos de la Academia de Humanismo Cristiano: 600 voluntarios vigilarían 981 mesas, en un equipo dirigido por el experto Eduardo Hamuy.

Lanzados a las calles, los equipos encontraron la más variada gama sorpresas. En la mesa 140 del liceo Lastarria vieron la mágica conversión de votos No en Sí por el simple expediente de contarlos en un fardo distinto; en la mesa 48 de la Escuela John Kennedy los votos nulos pasaron a ser blancos, y, por tanto, Sí; en la mesa 157 de la Escuela 396, en Pudahuel, la presidenta sacó del escritorio un fajo de votos que los puso en la falda y los cambió por votos escrutados.

En el 39, 7 por ciento de las mesas controladas los voluntarios detectaron irregularidades. Muchos fueron expulsados de los recintos por protestar. «Yo tengo como experiencia personal haber sido sacado a la fuerza por los militares de la escuela 57, de la población San Gregorio de la comuna de La Granja, porque según ellos no tenía ni un derecho ni razón para estar dentro del colegio y mucho menos estar cerca de las mesas de votación, ni siquiera a la hora de conteo», cuenta Claudio Arriagada.

El senador Andrés Zaldívar (DC) recordó que las votaciones «se hicieron sin padrón electoral, sin libertad de ninguna especie, con miles de chilenos desaparecidos, cientos de miles en el exilio, se votó con el carné de identidad y luego le cortaban la punta; además nos dimos cuenta que en las urnas habían más votos de los emitidos en cada mesa».

En la misma línea, el legislador indicó en conversación con Cambio21 que «los apoderados de mesas fueron designados por el régimen en poblaciones de Santiago y eran de Vitacura y Las Condes, o representando algunas empresas. Fuimos partidarios que la gente debería asistir pese a la tesis que manejábamos de que era un fraude, porque la única manera de poder hacer algo era participando».

Después del plebiscito de la Constitución, Zaldívar recibió la información de que se había dictado un decreto de expulsión de Chile en su contra, por las declaraciones que hizo sobre la consulta a un diario mexicano a fines de septiembre.

El decreto de exilio tiene la firma del ex senador UDI Sergio Fernández, que era el ministro de Interior de la dictadura. Singularmente el actual senador DC conserva aún el decreto de expulsión firmado por Pinochet y Fernández.

Más tarde, los expertos de la oposición a los militares establecieron que en al menos nueve provincias votó más del ciento por ciento de la población. En comunas como Panguipulli y Futrono, los electores aumentaron en 96,4 y 83,4 por ciento respecto de la consulta del año 78.

La oposición no cuantificó la magnitud que sus denuncias implicaban, ni su incidencia en las cifras finales: quería apuntar, más bien, a las condiciones generales en que había tenido lugar el segundo golpe electoral del régimen militar.

Votar a ciegas

Testimonio de cómo actuó la Derecha tradicional respecto del régimen militar en el plebiscito del 80 dio la ex presidenta del Partido Nacional, Carmen Sáenz de Phillips a la periodista Raquel Correa en 1984.

Cuando existe una crisis económica en el país y la situación comienza a ponerse difícil para el Gobierno militar ¿le parece leal desembarcarse?

Yo no me he embarcado nunca, porque nunca he estado arriba del bote.

Se ha dicho que la Derecha es responsable del gobierno por acción u omisión…

Podría ser por omisión. Ha habido indolencia. Sí. Por ejemplo, cuando se plebiscitó la nueva Constitución. Le confieso que voté que Sí, trabajé para que otros votaran que sí, pero -me da vergüenza decirlo- yo ni siquiera había leído el articulado transitorio. Y ahora considero que el articulado transitorio da al Gobierno un marco jurídico antidemocrático…

Volviendo a nuestros días, el abogado constitucionalista, Pablo Ruiz-Tagle, estimó que tanto la revelación respecto a un fraude en la Constitución de 1980, como el reciente y polémico homenaje a Pinochet tiene que ver con una «pasada de cuenta» de los militares al Presidente Sebastián Piñera.

El jurista sostuvo que la molestia pasa porque el Gobierno no ha cumplido con su promesa de liberar a los condenados por crímenes de derechos humanos durante la dictadura.»Hay un compromiso de campaña que se ha postergado; por eso el acto y la revelación, que es algo nuevo».

«El mocito» 

Jorgelino Vergara se hizo conocido masivamente en Chile el año 2011 como protagonista del documental «El Mocito», de Marcela Said y Jean de Certeau, donde cuenta su vida como agente de la DINA.

Vergara lleva el apodo de «Mocito» desde 1974, cuando a los 15 años llegó a la casa del general Manuel Contreras para trabajar de mozo. El jefe de la DINA le tomó simpatía y dispuso su entrenamiento como agente del organismo, hasta que un tiempo después fue destinado a trabajar, también como mozo, en el cuartel «Simón Bolívar», cuya existencia permaneció en secreto hasta hace pocos años y era la sede operativa de dos brigadas operativas («Lautaro» y «Delfín»).

El lugar era un centro de exterminio, del que casi ningún prisionero salió vivo: allí murieron todos los integrantes de tres direcciones clandestinas sucesivas del Partido Comunista cuyos cadáveres fueron lanzados al mar después de haberles borrado a fuego las facciones y las huellas dactilares.

En 2007, el «Mocito» reveló al ya fallecido juez Víctor Montiglio, la existencia de ese cuartel y de las brigada Lautaro y Delfín. Entregó además al magistrado una larga lista de agentes totalmente desconocidos hasta entonces, información que permitió a Montilglio procesar a más de sesenta de ellos.

 

Los comentarios están cerrados.